El fallo del juez Cattania sobre tráfico de hachís: asociación ilícita, el supuesto jefe y la clara responsabilidad del courier

Tweet 0 COMENTARIOS

Se terminaba abril, todos pensaban en el feriado del 1° de Mayo, Día del Trabajador, y un verificador sacudió a todo el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Dentro de unos filtros de agua detectó una sustancia orgánica que terminó siendo hachís. La instrucción del caso fue relativamente rápida, y estuvo a cargo de los fiscales -en lo Penal Económico- Gabriela Ruiz Morales, como subrogante, y luego de Emilio Guerberoff.  

Minuto de Cierre reveló el caso que sólo circulaba como un secreto a voces (https://www.minutodecierre.com/nota/2025-5-27-8-40-0-los-secretos-detras-del-hachis-via-ezeiza-choferes-presos-el-importador-oculto-e-impune-y-el-dueno-que-se-recicla-en-un-deposito-fiscal), lo fue siguiendo, y la resolución del juez Alejandro Cattania fue más rápidA de lo que indica el promedio. Apoyado en la rigurosa investigación de Ruiz Morales y Guerberoff, determinó responsabilidades que, imputación mediante, no dejó a casi nadie indemne.

Según el fallo, al cual este medio accedió en exclusiva (está publicado al final de la nota), “Leandro Santelia tenía un interés directo en los envíos que contenían la sustancia estupefaciente (hachís) y que lo coloca como un posible actor principal en la maniobra investigada”. Este hombre se hace llamar Diego Sant en redes sociales, vive en Estados Unidos y está prófugo de esta causa. Los que recibían la carga en Buenos Aires eran su hermano, Leandro Laureano, a quien le dictaron prisión preventiva y un embargo de $ 1.200 millones; y su padre Ángel, de casi 80 años, sobre quien se dictaminó falta de mérito.

Más allá de Diego Santelia (artísticamente Sant), como actor principal, el juez consideró que hubo una probable cadena de asociación ilícita, la cual propone confirmar o descartar con mayor detenimiento “en una resolución posterior”. Destaca que, según el Ministerio Público Fiscal (MPF), como en Miami se incautó el 9 de mayo “otro embarque con sustancia estupefaciente que los mismos actores estaban por enviar a la Argentina”, lo que marca habitualidad en la operatoria, puede tratarse de una “asociación ilícita que estaría conformada por Miguel Ángel Klug (el importador), Facundo Bouza, Roberto Claudio Bouza (gerentes del courier), Daniel Alberto Ferreiro (el forworder), Leandro Laureano Santelia, Ángel Antonio Santelia y Diego Alfredo Santelia”.

 

La responsabilidad y supervivencia del courier, en el ojo de la tormenta

 

En los casos de contrabando, más aún sumado al narcotráfico, el argumento de los courier es que ellos sólo garantizan la llegada del envío, en tanto que la responsabilidad de controlar la mercadería es de las autoridades aduaneras y aeroportuarias. “Si no se tomara ese criterio, los grandes como DHL o UPS estarían en permanentes problemas”, arriesga alguien de RSI, el courier manejado por los Bouza, cuyos dueños -según se reconoce en el mismo fallo- son Ignacio Peré y Diego Leandro Muñoz Cruzado.

Sin embargo, la recurrencia del mismo courier en tantos envíos, lo vuelve por lo menos sospechoso, a tal punto que el juez Cattania imputó a sus responsables. En principio, Cattania no considera a los Bouza -Roberto y Facundo- partícipes intencionales o conscientes de narcotráfico, pues colaboraron en la apertura de los filtros (no se encontraba la llave) e hicieron volver un envío que ya había salido de la zona aeroportuaria. “No es posible tener por acreditado el conocimiento de los nombrados acerca de la sustancia estupefaciente que venía oculta dentro de los filtros de agua”, señala el fallo.

Pero sí destaca, la misma sentencia, “un obrar irregular por parte de Facundo Bouza y Roberto Bouza, ya que decidieron entregar encomiendas a una persona distinta y en un domicilio distinto del que figuraba en los datos del destinatario de las mismas y ello no puede ser pasado por alto”. Esta operatoria es la que llevó, en un caso anterior, al mismo juez a determinar embargo y suspensión sobre más de 10 couriers y sus responsables.

En ese fallo, del 14 de abril pasado, Alejandro Cattania, dictaminó el procesamiento, embargo millonario (en algunos casos por más de $ 6.000 millones) y prohibición de salir del país para personas físicas y jurídicas que usaban el sistema de Courier para cometer contrabando. Esa sentencia señala que “las organizaciones mencionadas ut supra planificaron documentar numerosos envíos como dirigidos a diversos importadores, que en realidad serían encargados por las mismas personas; y por su parte, fraccionar compras de mayor envergadura en envíos por montos menores, de modo tal de poder ingresarlos al país mediante la utilización irregular del Régimen de Courier; ello, con la clara finalidad de eludir los topes de USD 3.000 por destinatario por vuelo”.

Para “solucionar” el problema de esos couriers, que no están operando, se ofrecieron dos famosos abogados que trabajaron en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Sin embargo, estos couriers tienen el CUIT suspendido, y por lo dos de ellos ya habrían pedido su quiebra. Para RSI será difícil esquivar ese mismo destino, considerando que la operatoria y figuras legales atribuidas en ese fallo definitivo, también son atribuidas a sus responsables operativos, Roberto “El Hurón” y Facundo Bouza.

 

nota