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En julio pasado, un contenedor con mercadería subfacturada (sólo uno, pero que es la punta de un iceberg) detonó parte de la Aduana de Campana, corriendo de ese enclave estratégico -primero dejándolo sin funciones, ahora con un traslado a La Plata- a Santiago Benítez, que era el jefe operativo. La empresa acotó el riesgo, pagando lo que se llama “un 954”, sanción aduanera con multa económica, que evita una causa judicial por contrabando.

CTW había declarado un valor de 15.000 dólares por mercaderías, partes y accesorios de máquinas. Pero, de acuerdo a la inspección de la Aduana, era mercadería electrónica con un valor aproximado de 70.000 dólares. Aunque otras versiones hablan de un valor real de seis cifras en dólares. En todo caso, el 954 fue una solución que salvó a la empresa de un proceso judicial, se decidió denunciarla internamente por infracción al artículo 954 del Código Aduanero. La empresa conducida por Maximiliano Grippo y una ejecutiva colombiana terminó pagando alrededor de 45.000 dólares de multa más 11 millones de pesos en concepto de multa.

Antes de eso, Campana fue un escándalo porque en la puerta de esa terminal aduanera clave aparleció un empresario amenazante con un palo de golf. Según certifican varias fuentes, estaría esperando a Santiago Benítez, que no le había cumplido una promesa valuada en 30.000 razones, por supuesto de color verde. Benítez se asustó tanto que viajó a Buenos Aires para pedirle protección (literalmente, protección física) a un influyente asesor de las jerarquías aduaneras. Si se compara la foto de Maximiliano Grippo, socio gerente de CTW, según él mismo se declara en Linkedin, con el video, hay cierto parecido, más allá que la toma es lejana. La foto y el video son los siguientes: 

 

 

 

El problema comenzó en Buenos Aires, pero hay un jefe que se salvó

 

Aunque él "garantizaba" la operación de CTW, y autorizó el envío del contenedor infraccionado hacia Campana, el director de Fiscalización de la Aduana Buenos Aires, Claudio Di Giannantonio, salió indemne de todo el asunto. Di Giannantonio, hombre del gremio (Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina, SUPARA), tiene tanta suerte que en causas judiciales aparece su apellido mal escrito (con una sola n, cuando la doble consonante es común en apellidos italianos), y en un exhorto judicial que llegó a la Aduana, con la excusa del apellido mal escrito, las autoridades contestaron que no tenían registrado a ningún Di Gianantonio (porque en realidad es Di Giannatonio, Claudio Gustavo).  

Sin embargo, el exceso de confianza y de alarde (suele repetir que responde a un importante candidato presidencial, cuando eso no está probado), podría jugarle una mala pasada a Di Giannantonio. Por un lado, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, muestra resultados y ordenamiento institucional todos los días. Pero, además, la subdirectora del área Metropolitana, Rosana Lodovico, es candidata a suceder a Michel si Sergio Massa resulta electo presidente.

Un caso más como el de CTW, donde el locuaz Di Giannantonio deje los “dedos pegados”, le daría poco margen a Michel y Lodovico para sostenerlo en el cargo. Lo mismo puede pasar con el SUPARA, cuyo titular -Carlos Sueiro- defiende a sus afiliados, pero sólo hasta el límite de lo razonable.

 

CTW: la empresa apuesta a un negocio que teóricamente se achica

 

En mayo de 2022, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Aduana aún no habían cambiado de mando (las titulares eran Mercedes Marcó del Pont y Silvia Traverso, respectivamente), a través de la Resolución General 5190 se establecieron nuevos límites para el sistema de importación por servicios postales/courier. Mediante esa norma se estableció un límite por envío de 50 kilogramos, 3.000 dólares por vuelo. La resolución anterior -4459, de marzo del 2019- era menos restrictiva, permitiendo los mismos 50 kilos y 3.000 dólares, pero por cada “remitente del envío”. Es decir, un courier podía usar centenares o miles de remitentes (reales o prestanombres) para importar sin límites. Sin contar, además, si realmente la Aduana controlaba si efectivamente cada paquete tenía mercadería por un valor real de 3.000 dólares.

En la segunda mitad del 2022, con Carlos Castagneto conduciendo la AFIP y Guillermo Michel en la Aduana, el sistema de courier se volvió más restrictivo. La Resolución General (RG) 5260, de septiembre del 2022, bajó el límite a 1.000 dólares -ya no 3.000- por destinatario y vuelo. Mientras que en noviembre del año pasado, la RG 5288 estableció un límite de 3.000 para pequeñas y medianas empresas (pymes), pero no para personas físicas.

En ese contexto, con un negocio que -formalmente, según la normativa- se achica, CTW decidió apostar al mismo. En un enorme acto de fe por el país, o disponiendo de buenos contactos, el 29 de marzo de este año obtuvo su aprobación como courier por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Fue a través de la Resolución Sintetizada 499/2023, con la firma del presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, y de la jefa del Área Despacho, Silvana Beatriz Rizzi.

La transformación de CTW comenzó en diciembre del 2022, a pesar que el sistema de courier ya era más restrictivo que al comienzo de ese año. Según su acta de reunión de socios del 15 de diciembre, se aprobó la ampliación del objeto social hacia “servicios de courier y toda otra actividad asimilada o asimilable”. Tres meses después, CTW consiguió la aprobación del ENACOM para funcionar como courier, un proceso de autorización que a otras compañías suele llevarle años. La constitución social de esta empresa data de marzo del 2015, pero encontró en el courier y los contactos aduaneros una modalidad de crecimiento rápido.

Sin embargo, la buena racha podría cortarse si la Aduana -como está analizando- pone a esta empresa bajo investigación. Por otra parte, una investigación judicial en curso, que ya requirió informacíón al organismo conducido por Guillermo Michel, ya puso el foco sobre el funcionamiento de la Aduana de Campana, y el caso de CTW podría ser el disparador de la misma.