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Fernández iba a recibir en la Quinta de Olivos a cinco representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CCA), quienes le presentarían su “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”, un documento que ese nucleamiento de 40 cadenas productivas lanzó hace 20 días y que fue sumando apoyos en amplios sectores económicos y políticos.

El plan agroexportador busca alcanzar los U$S100.000 millones anuales de exportación, (en 2019 fueron U$S65.000 millones de los cuales 42.000 millones correspondieron a la agroindustria).  Esa meta se lograría en la mitad del período. El plan estratégico aspira a lograr, para el 2025, un impacto económico que implique un aumento de las exportaciones de U$S16.000 millones que generará un efecto total de movimiento económico de U$S31.000 millones. Con todo, buscan poner en marcha algunas medidas en los próximos 60 días.

Así lo han manifestado desde la Unión Industrial Argentina hasta distintos gobernadores de las principales provincias agroindustriales, como también varios ministros y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el jueves último recibió a tres de los dirigentes del nucleamiento que han constituido más de 45 entidades ligadas al campo y su cadena industrial vinculada.

A la comitiva que fue el jueves al Senado, integrada por José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (que actúa como vocero principal del CCA), Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC –la principal entidad de los agroexportadores- y Roberto Domenech, presidente de la cámara avícola, en el encuentro con el Presidente se sumarán Dardo Chiesa, presidente de la Mesa de las Carnes y Patricia Calderon, de la Federación Olivícola Argentina, como representante de las diversas economías regionales. Y se adelantó que también participará el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Se plantea conformar una Mesa Nacional Exportadora con diversas áreas del Gobierno Nacional pero aunque las ventas externas serán un impulso crucial, se ha consensuado que ello no implicará descuidar el mercado interno, desde el abastecimiento y los precios. Tampoco se desatenderán las exigencias ambientales.

Además, se apunta a crear empleos con foco en el interior, a partir de aumentar un 60% las exportaciones en el corto plazo. El objetivo es generar un impacto social por la creación de empleo calificado y no calificado en las provincias; empleo tecnológico en las grandes ciudades como parte de los clusters agro tecnológicos; empleos en servicios para el agro y empleo directo e indirecto en infraestructura.

Se aspira a darle un marco legal al consenso incipiente, con reglas claras y estables por lo cual en breve se presentaría un proyecto ley de Desarrollo Agroindustrial Exportador, con inclusión social y federal (que contemple una estabilidad fiscal y financiera de 10 años). Por caso, con Cristina Kirchner se habló de la necesidad de una ley de desarrollo agroindustrial, y la vicepresidenta afirmó que consideraba al sector como clave para el desarrollo nacional.