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El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó el primer amparo judicial contra el nuevo aumento de las jubilaciones ordenado por el gobierno de Alberto Fernández.

El abogado Andrés Gil Domínguez y el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, hicieron la presentación para impugnar el decreto. 

La demanda colectiva fue presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9 por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino y firmada por más de 7.000 jubilados, una cifra que superó todas las expectativas de la defensoría.

La jueza que está a cargo del Juzgado es Silvia Saino, subrrogante. La demanda solicita una medida cautelar para que se restablezca momentáneamente la fórmula de movilidad anterior (correspondiente a la ley 24.426) para todos los jubilados y pensionados que no cobran el haber mínimo. En el caso de no obtener una resolución favorable al pedido de amparo, Semino adelantó que pedirán un recurso de “per saltum” para poder acceder directamente a la Corte Suprema de Justicia.

Con la sanción de Ley de Solidaridad y Reactivación en el marco de la emergencia pública (Ley N° 27.541) en diciembre del año pasado se suspendió por seis meses la aplicación de la fórmula de movilidad para la actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones, por la que correspondía una suba de 11,56% en marzo y una de 10,9% en junio.

Los jubilados y pensionados de Anses que quieran adherir al amparo colectivo de la Defensoria de la Tercera Edad en contra del aumento por decreto establecido por el Gobierno Nacional deben firmar una planilla y adjuntar una copia del recibo de haberes y del documento de identidad en la Avenida Belgrano 673 de la Ciudad de Buenos Aires de 9 a 18.

Para los jubilados de otras provincias deben comunicarse al mail info@gerontovida.org.ar o terceraedad@defensoria.org.ar. En el asunto del cuerpo del mail deben poner "Solicito planilla para firmar" y desde Defensoría le enviarán la planilla. Los jubilados deben bajarla, completarla, firmarla y reenviarla a la misma dirección de correo electrónico.

En el plano político, Alberto Fernández volvió a defender la medida. “Yo sé que hay muchos jubilados que hoy reciben 35 mil, 40 mil pesos, que están lejos de una situación de holgura y que en verdad merecerían más ingresos. Lo sé y espero pronto poder remediar eso. Pero lo que digo es que hoy tenemos otra urgencia: hay jubilados que ganan, después de todo este esfuerzo, 16 mil pesos”, dijo el Presidente.

El aumento jubilatorio por decreto se compone de una suma fija de 1.500 pesos más un porcentual del 2,3 por ciento. El 62,8 por ciento de los jubilados y los pensionados que cobran la mínima de 14.068 pesos en marzo recibirán un incremento del 12,96 por ciento: la jubilación mínima pasará a ser de 15.891 pesos.

Para Gil Domínguez la “acción de amparo colectivo con medida cautelar” que impulsará pretende representar “a todos los jubilados afectados y tiene el carácter colectivo para evitar que tengan que ir de a uno, siendo que la pretensión es la misma”. Para Gil Domínguez, el decreto “es una violación al principio de no regresividad, que es la base fundante de los derechos económicos y sociales”.

Explicó que “no se puede desmejorar un reconocimiento alcanzado. Y si uno hace un comparativo entre la ley de movilidad (de Macri) y lo que se anunció, quienes tenga una jubilación superior a los 17 mil pesos van a cobrar menos que lo que correspondería”.

“El principio de no regresividad es un principio desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la propia Corte Suprema de Justicia... No se puede ser regresivo a menos que se tenga un argumento contundente que lo justifique, y aquí no lo hay”, insistió el abogado constitucionalista. “Si hay una situación de emergencia, eso obliga a proteger más a los vulnerables, y no a desprotegerlos. Los ancianos son un grupo vulnerable protegido por la Constitución y, frente a la emergencia, se les saca plata”, dijo el abogado.

Respecto al dato que indica que los jubilados con la mínima, que son mayoría, se ven beneficiados con este aumento, Gil Domínguez replicó: “A partir de las jubilaciones de 17 mil pesos hay un perjuicio, y estas no son precisamente jubilaciones altas”. En la vereda de enfrente, el abogado laboralista, Juan Pablo Chiesa, dijo ayer que “la Justicia va a rechazar las presentaciones porque el Ejecutivo tiene plenas facultades para suspender una ley que perjudicó a los jubilados”. Chiesa se refiere a la Ley de Solidaridad Social que, entre otros puntos, en diciembre derogó la fórmula jubilatoria del gobierno de Macri.