Qué dice la reforma laboral que llega al Congreso y por qué ATE llama a un paro para frenarla
El Gobierno presentará este martes en el Congreso su proyecto de reforma laboral, considerado uno de los ejes centrales del paquete de “modernización” que el Ejecutivo busca debatir durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa apunta a reducir costos empresariales, ampliar la flexibilidad en las contrataciones y modificar aspectos clave del régimen laboral vigente.
En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional en rechazo a la reforma laboral, al advertir que la propuesta oficial impactaría en la estabilidad laboral, las indemnizaciones y los convenios colectivos. La jornada incluirá movilizaciones hacia el Congreso y acciones definidas por cada seccional en las provincias.
La reforma laboral que presenta el Gobierno en el Congreso
A continuación, los puntos principales del proyecto que será enviado este martes al Parlamento, reescritos para una lectura clara y optimizada para SEO.
Contratos, presunciones y responsabilidad empresarial
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Se redefine la presunción de relación de dependencia: la prestación de servicios no implicará automáticamente un contrato laboral si existen facturas o recibos que acrediten tareas por modalidades profesionales, de oficio o de obra.
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Cambia la responsabilidad solidaria: la empresa principal dejará de responder por obligaciones laborales de terceros, salvo en casos de fraude o maniobras temerarias que generen insolvencia. Hoy la ley 20.744 establece solidaridad plena.
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Se habilita el pago de salarios en moneda extranjera y se exige que toda remuneración se acredite en cuentas bancarias o proveedores autorizados.
Vacaciones, banco de horas y organización del tiempo
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El esquema de vacaciones queda fijado entre el 1º de octubre y el 30 de abril. La empresa deberá avisar al trabajador con 45 días de anticipación.
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Se habilita el fraccionamiento en períodos mínimos de siete días.
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Las compañías podrán implementar un banco de horas para compensar jornadas dentro del límite semanal legal, reemplazando parte de las horas extra a través de francos equivalentes.
Preaviso de despido y período de prueba
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Para trabajadores con más de cinco años de antigüedad, el preaviso será de dos meses. Para quienes tengan menos, se mantiene en un mes. La normativa actual establece tres meses para antigüedades mayores a diez años.
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El período de prueba se extiende a seis meses y podrá ampliarse a ocho o doce por convenio colectivo, especialmente en PyMEs.
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Durante el período de prueba no se pagan indemnizaciones ni preaviso, y el empleador no puede aplicarlo más de una vez para la misma persona.
Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
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La base indemnizatoria mantiene el criterio de un mes de sueldo por año trabajado, pero excluye del cálculo vacaciones, aguinaldo, premios, propinas y el “salario dinámico”.
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Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una contribución del 3% de la base utilizada para aportes patronales al SIPA. Ese aporte se descontará luego de la carga previsional, implicando un financiamiento indirecto del Estado.
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Si un trabajador es despedido antes del vencimiento de un contrato a plazo, solo podrá reclamar la indemnización por extinción, sin otros daños adicionales.
Licencias, juntas médicas y ajustes salariales
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Se formaliza la creación de juntas médicas para resolver discrepancias en licencias por enfermedad.
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Se habilitan ajustes salariales cuando cambie la categoría o la extensión de la jornada.
Plataformas digitales, seguridad vial y libertad de conexión
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El régimen para repartidores mantiene la libertad de conexión, la autonomía para rechazar pedidos y la independencia en la forma de prestación.
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El empleador deberá proveer los elementos de seguridad vial adecuados según el vehículo utilizado.
Derecho de huelga, servicios mínimos e infracciones graves
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Se fijan servicios mínimos del 75% en actividades esenciales y del 50% en tareas de importancia trascendental.
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Se consideran infracciones muy graves el bloqueo de establecimientos, daños a instalaciones u obstrucción de accesos.
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Las asambleas quedan reguladas y no generarán salario durante su realización.
Convenios colectivos, ultraactividad y prioridad de empresa
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Se elimina la ultraactividad: los convenios vencidos ya no mantendrán plena vigencia. Solo seguirán las cláusulas normativas hasta un nuevo acuerdo, y la Secretaría de Trabajo podrá suspenderlos.
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Los convenios de empresa prevalecerán sobre los de actividad.
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Se facilita la obtención de personería gremial para sindicatos de empresa.
Tutela sindical y reorganización del modelo gremial
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La tutela sindical comenzará a regir desde la notificación fehaciente de la postulación al cargo y se aplicará solo a delegados titulares.
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Los delegados contarán con un crédito de diez horas mensuales para tareas gremiales.
Reducción de aportes patronales e incentivos
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Habrá una rebaja de contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales:
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2% al SOPA, FNE y RNAF
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3% al INSSJP
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3% al FAL durante el primer año
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Para el empleo ya registrado se prevé un recorte del 6% en aportes a obras sociales y reducciones graduales en seguridad social, según rubro y tamaño de empresa.
Formación para el empleo
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Se crea el Programa de Formación Laboral Básica, orientado a quienes no cuenten con competencias mínimas para ingresar al mercado de trabajo.
La presentación oficial del proyecto será este martes en Casa Rosada, con funcionarios del Consejo de Mayo. El Congreso definirá ahora el alcance final de una reforma que introduce cambios estructurales en contratos, despidos, negociación colectiva y funcionamiento sindical.
Por qué ATE realiza un paro contra la reforma laboral
ATE confirmó un paro con movilización al Congreso este martes 9 de diciembre para rechazar el proyecto laboral del Gobierno, exigir reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y manifestarse “en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales”.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, explicó que la medida apunta principalmente contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno, que —según indicó— ingresaría al Senado “la próxima semana”.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, afirmó.
Y agregó: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”.
ATE recordó que medidas similares aplicadas en distintos países tras la crisis de 2009 y 2010 “en todos los casos fracasaron”. También señalaron que el período de mayor creación de empleo registrado en Argentina fue entre 2002 y 2011/12, durante la vigencia de la doble indemnización: “Eso prueba que la única manera de superar la crisis es poniendo en valor las convenciones colectivas”, sostuvo Aguiar.
Reclamos adicionales: paritarias y rechazo al recorte estatal
El paro incluirá además un reclamo por la pérdida del poder adquisitivo en el sector público durante 2025. “Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”, señaló el dirigente.
El sindicato exige una convocatoria urgente a paritarias y una recomposición salarial inmediata.
La medida, aprobada por unanimidad en el Confederal de ATE del 27 de noviembre, coincide con la presentación del proyecto laboral en el Congreso. Cada provincia definirá sus modalidades de protesta, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se prevén retiros desde las 10:30.
Entre los reclamos aparece también el rechazo al recorte del 10% en el Estado que impulsa el Gobierno, que alcanzaría a organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, Coneau, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom.
ATE reclama además la reapertura de paritarias y una recomposición salarial de emergencia, y recordó que la última convocatoria del Ejecutivo —el 28 de noviembre— se realizó sin ofrecimientos.
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