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Los líderes del bloque justicialista, Dalmacio Mera y Carlos Caserio, indicaron que la iniciativa apunta a que a “las medidas del gobierno nacional sobre la baja del IVA y el Impuesto a las Ganancias no pongan en peligro el pago de sueldos y de otros servicios esenciales ya previstos por las provincias”. “Atento a que los Estados provinciales dejarán de percibir ingresos coparticipables por las exenciones impositivas establecidas por el Poder Ejecutivo, dicho proyecto de ley pretende crear una partida presupuestaria de 40.000 millones de pesos, en el marco de fondos de aportes del Tesoro Nacional, a los fines de compensar el costo fiscal que sufrirán”, señaló el proyecto.

El fondo sería distribuido entre las provincias según el Régimen de Coparticipación de Impuestos. Mera sostuvo que “el Gobierno nacional tomó medidas sin consultar a los gobernadores, violando el pacto fiscal que él mismo promovió y poniendo en riesgo la economía de las provincias”; y añadió que “la inmadurez política no puede hacer que en una elección se rife el futuro de la Argentina, por lo que hay ser prudentes y responsables hasta el último día”.

Paralelamente, algunos gobernadores, ya indicaron que presentaron recursos ante la Corte Suprema en contra de los anuncios del Gobierno, como es el caso de Weretilneck. El mandatario de Río Negro, una de las provincias petroleras más afectadas, ya presentó una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia.

“Las medidas son importantes para frenar la inflación, pero que no son las formas ya que impacta de forma directa en la industria y las provincias”, sostuvo. “Los cambios en la reunión de ayer las planteamos nosotros, como por ejemplo modificar el impuesto a los combustibles, que no sea el valor del precio de pozo de petróleo o de regalías”, argumentó Weretilneck. Indició a su vez que “este gobierno planteó permanentemente previsibilidad, seriedad, garantía de las inversiones, y nos encontramos ahora con esta medida que significa un cambio muy fuerte”. Y expresó que “están a tiempo de enmendar semejante error que no nos afecte tanto como país”.

En el caso de Neuquén, si el decreto se mantiene durante los 90 días la pérdida total estimada asciende a $1.830 millones solo en concepto de regalías. Para Río Negro el descenso en los ingresos totales puede ser de $ 587 millones. Ambos datos figuran en las demandas que ambas provincias presentaron ante el poder judicial.

Pese a estos datos, desde Hacienda negaron que existan compensaciones. Lacunza, el líder de la cartera, mencionó que “todos tenemos que hacer un esfuerzo y calibrar bien nuestras cuentas públicas, y eso también comprende a las provincias”. En este contexto, el economista, señaló que las provincias “tienen sus propias cuentas e impuestos” y remarcó que “hoy la prioridad es que los argentinos, los particulares y el sector privado reciban un alivio y una compensación por la situación de inestabilidad que sufrimos la semana pasada”.