Tweet 0 COMENTARIOS

El Ministerio de Agroindustria de la Nación confirmó el fin del Monotributo Social Agropecuario (MSA) desde fines de diciembre próximo. El MSA es una herramienta que hoy tiene costo cero para los agricultores familiares incluidos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) que facturan hasta 72.000 pesos por año.

Según el comunicado, el organismo dispuso que entre el 2 del mes próximo y el 10 de agosto todos los actuales beneficiarios deban reempadronarse. Quienes lo hagan conservarán el beneficio actual, de manera gratuita, hasta fin de año. "A partir del 1º de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen", señala el comunicado, en el que se pone por objetivo de la iniciativa "fortalecer la transparencia y la organización en todas las cadenas de valor".

Implícito en el comunicado queda que el 25% del beneficio ($268 por persona) que actualmente es cubierto por Agroindustria desde 2019 deberá ser pagado por el agricultor familiar que, también deberá cubrir la proporción del beneficiario adherente (obra social para integrantes de la familia), por lo que la carga para el pequeño productor podría pasar a ser considerable. Desde el organismo señalaron que el MSA implica una erogación mensual de "30 millones de pesos" para cubrir "unos 55.000 beneficiarios titulares y aproximadamente 50.000 adherentes"

El MSA fue creado en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, para formalizar la comercialización en el segmento de productores rurales más pobre y para garantizarle a los agricultores familiares, campesinos e indígenas una obra social y aportes previsionales. Son sus principales beneficiarios pequeños productores caprinos, porcinos, huerteros, apicultores, ganaderos de muy baja escala, entre otros. Al momento de su lanzamiento se puso como una de las metas que el beneficiario pudiera vender su producción en forma directa, sin pasar por los intermediarios que históricamente se quedaron con la mayor parte de las ganancias de los productos adquiridos de manera informal en los campos.

Para Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, "a veces es bueno que quien tiene un beneficio como este pueda pagar esos 268 pesos de la obra social. A muchos, durante mucho tiempo le pagaste el cien por ciento del MSA e intuyo que productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien fue se lo hizo llenar y ni lo usa; ni se acuerdan que lo tienen, y el Estado pone un montón de guita ahí".

Agustín Suárez, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), explicó que hoy el MSA es la única herramienta "que regulariza la actividad del agricultor familiar, además de brindarle derechos, como una obra social y aportes jubilatorios. Este siempre fue un sector condenado a la informalidad, a que toda su cadena de producción fuera en negro, con los perjuicios que ello conlleva". Y agregó que los problemas para acceder al MSA comenzaron a mediados de 2017. La UTT, es una organización de agricultores familiares con presencia en 16 provincias e integrada por más de 15.000 productores.

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Diego Montón aseguró que el MSA permitió formalizar muchos mercados que en los pueblos son muy importantes, pero de los que la agricultura campesina quedaba discriminada por no tener la herramienta impositiva necesaria. "Eso empujaba al productor a caer en intermediarios. La posibilidad de facturación que permitió el MSA posibilitó avanzar mucho en los mercados locales, pero también en los mercados institucionales, por ejemplo, en las compras que desde el Estado se hacen para abastecer escuelas o centros de salud". Con presencia en 10 provincias, el MNCI está conformado por 20.000 campesinos y campesinas.

En opinión de Montón, hoy el segmento de la agricultura familiar está en un momento difícil y se agrava con esta nueva medida, que le sigue a los despidos de cerca de 150 técnicos y técnicas de territorio de la SAF entre abril y mayo. "Lo que ocurre con el MSA es otra muestra de que desde el Estado se tiende a estigmatizar la agricultura familiar, campesina e indígena para presentarla como una actividad inviable y así derivarnos directamente a planes de asistencia, excluyéndonos de las políticas públicas dependientes del Ministerio de Agroindustria". Añadió que es muy probable que por la imposibilidad de muchos agricultores de cubrir los costos derivados del monotributo social "se multipliquen las bajas y que el sector vuelva a caer en la informalidad. Ahí, finalmente habrán logrado su objetivo de excluirnos como sector, a la vez que saturarán un sistema público de salud gratuita que ya es muy deficiente".

Ante la falta de respuestas desde Agroindustria frente a los reclamos por la imposibilidad de acceder al MSA, cuatro productores integrantes de la UTT, que califican para ser beneficiarios según las exigencias actuales del programa, presentaron un amparo en la justicia Federal en lo Contencioso Administrativo para reclamar se dé curso a la petición de alta.

Francisco Alberto Caputo, asesor legal de la UTT, explicó que el amparo se presenta por "la violación de la garantía del derecho de trabajar, al no permitir ingresar en la economía formal; afectándose también el derecho a la salud, por impedir el acceso a la obra social para el agricultor y su familia; el derecho a la salud de la niñez, y también el derecho a la seguridad social, por los aportes no hechos". Agregó que el amparo se encuentra sustentado en normas constitucionales y en tratados internacionales con raigambre constitucional. "El objetivo es conseguir una medida cautelar que ordene una inscripción preventiva para las personas que intentan la demanda y el objetivo final es tener una sentencia que reestablezca los derechos", señaló.

Caputo dijo que ante la eventualidad de una "posible derogación del MSA hemos planteado en el amparo su necesaria preservación y fundamentamos el planteo en el principio de la irreversibidad de los derechos sociales, también establecidos en tratados internacionales con raigambre constitucional".