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El juez Julián Ercolini dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio oral y público la causa contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por el delito de defraudación agravada a través de su petrolera Oil Combustibles. Se trata del primer expediente en el que el empresario K es enviado a juicio junto a su socio.

En su resolución de 39 páginas, el Juez indicó que la "trascendencia" de la causa impulsa, al menos parcialmente, elevarla "de manera inmediata a la etapa de juicio". Sostuvo es en dicha instancia, donde las partes "discutirán con plenitud los hechos que motivaron las acusaciones" y además porque desde el 27 de abril, López y De Sousa "se encuentran detenidos a disposición de este tribunal".

Los dueños del Grupo Indalo están presos en el marco de esta causa, por la que deberán enfrentar junto a Echegaray la próxima instancia en la justicia.​ Cristóbal López está acusado de haberdefraudado al Estado en 8.000 millones de pesos durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles, la petrolera que hoy está quebrada. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.

Hace poco más de un mes el fiscal Pollicita pidió la elevación de la causa, remarcando que no es ajena a la investigación por una supuesta asociación ilícita encabezada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández ni del expediente que sigue el direccionamiento de la obra pública a empresarios K como Lázaro Báez. Pollicita cree que hay una “matriz de corrupción” que dio “favores” a un “reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente" a los Kirchner. Entre ellos, está López.

La AFIP denunciante y querellante en el expediente también solicitó la elevación a juicio oral de los acusados, entendiendo que la maniobra trascendían la comisión de delitos tributarios, ya que "el centro de imputación se encontraba en la actuación de los funcionarios de la AFIP -en este caso, Echegaray-", lo que derivó en una acusación por "administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública".

Con este telón de fondo, la Justicia sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.

En este contexto se ubica la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, sus funcionarios y sobre todo quien era su principal autoridad, Ricardo Echegaray, “defraudaron al Estado” en beneficio de López y De Sousa.

Por ello, el juez Ercolini explicó que durante la instrucción la participación de los acusados "quedó corroborada", y en consecuencia existe "la necesidad imperiosa de que se desarrolle el juicio oral y público, en el que se debatirá con más amplitud la prueba colectada, y producirá el cierre definitivo de la pesquisa.

Según la resolución del juez Ercolini, de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

La maniobra contó con la intervención de Echegaray como cabeza de la AFIP, acusado de ser autor de la defraudación. Según el fiscal, Echegaray diseñó y puso en marcha un circuito por el cual desde el ente recaudador, “deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto”. Esto generó que se acumule una deuda millonaria con el Estado con facilidades de pago que fueron calificados de “ilegales”.