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 La AFIP, querellante y denunciante en la causa por defraudación al Estado contra Cristóbal López, ya se opuso a la operación y sólo resta la opinión de Pollicita y de los veedores designados por la Justicia. Habría irregularidades administrativas, honorarios por más de $ 5 millones para los dueños de OP, deterioro de la estructura de Oil Combustibles, deudas fiscales, y movimientos de fondos "bajo observación".

Con todos los pronunciamientos, será el juez Julián Ercolini quien tendrá la última palabra: si levanta o no la inhibición general de bienes sobre el holding que rige sobre la totalidad de las 170 empresas que constituyen el Grupo Indalo. No habría manera que se avale una operación con tantas irregularidades

El año pasado, el juez Ercolini rechazó levantar la inhibición general de bienes, que en ese entonces regía sólo sobre 70 sociedades. A las dos semanas que Cristóbal López y su socio, Fabián De Sousa, quedaran detenidos, el magistrado volvió a correr vista a las partes (veedores, el fiscal Pollicita y la AFIP) para que vuelvan a expedirse sobre una posible venta del Grupo. En los próximos días se conocerá el nuevo pronunciamiento.

Cuando les dictó la prisión preventiva, el juez entendió que los dueños de Indalo habían desplegado "diversas conductas tendientes a impedir la conservación" del patrimonio del Grupo que es la garantía para afrontar el pago de la deuda con la AFIP que llega a $ 17.000 millones. Es por la evasión al impuesto a los combustibles, por parte de la petrolera Oil Combustibles. El 25 de enero se habilitó la feria judicial por pedido de los veedores. En el análisis de la situación hay un planteo central: cualquier operación podría poner en riesgo la garantía que siempre se puso para saldar la deuda de Oil con el fisco.

Los veedores informantes durante enero, plantearon un “delicado e inestable estado de las cosas”. Las principales observaciones de los veedores son:

- Cheques vencidos emitidos por sociedades del grupo a fin de cancelar préstamos y en contraprestación por combustible vendido que no fueron depositados a su vencimiento por “una decisión recibida por parte de la Dirección”, indicaron los veedores. Si bien la política nace en una indicación del anterior Directorio, “es mantenida de acuerdo a los veedores por parte de las actuales autoridades”.

- Incremento de la deuda fiscal corriente, se volvió a dejar de pagar el Impuesto a los Combustibles acumulando una deuda de $ 860 millones. Según los veedores los impuestos fueron pagados regularmente hasta “que la nueva gestión se hizo cargo de la empresa”.

- Deterioro de la red de distribución, ya que Oil Combustibles desde enero de 2017 habría perdido 39 estaciones de servicios que representan un 14% del total de la red que asciende a 276 operadores. La refinería “está trabajando a niveles mínimos de subsistencia debiendo incluso recircular combustible ya refinado para alcanzar dicho volumen”.

- Honorarios millonarios: Los actuales administradores -Rosner y Dellatorre-, se han retribuido “con anticipos de honorarios por $ 5.091.310 cada uno”, señalaron los veedores. Asimismo, informan que el 18 de enero se desvinculó al anterior CEO de la empresa -Diego Goncalves De Sousa-, por la suma de $ 9 millones más $ 900.000, más IVA de honorarios de su abogado”.

- Situación crítica de la constructora CPC SA, siendo la única salida posible la "inyección de liquidez en los próximos 15/30 días y una reprogramación de las deudas con proveedores". Según los veedores, la empresa 2está trabajando con hipótesis de venta de bienes de uso para el pago de deuda lo que podría implicar una pérdida de valor de mercado, producto de no haber atacado a tiempo la situación financiera".

- La creación de otra empresa para cobrar: OP Management, "vinculada OP Investiment y/o a los directores Rosner y Dellatore" ha realizado "operaciones financieras con Oil a través de las cuales ha percibido sumas correspondientes a comisiones de otorgamiento". La firma se constituyó en noviembre de 2017 por los dueños de OP.

- Convenios y cobros sin documentación: Oil y esta nueva firma sellaron un convenio el 22 de diciembre (tres días después de la detención de Cristóbal López) de cesión de derechos de cobro aplicable a cheques, facturas, certificados de obra-. Con este convenio marco se cobraron comisiones de $ 45.000, se autorizó un desembolso de $ 10 millones y se descontaron dos cheques (uno por $ 7 millones y otro por $ 3 millones) entre el 24 y 26 de enero. Los veedores reclamaron a OP en "reiteradas oportunidades la solicitud de desembolso" pero así y todo, "nunca fue entregada".

Con estas críticas de los veedores y el rechazo ya manifiesto de la AFIP que sostuvo que la posición del Estado es “obtener la sanción de conducta ilícita y lograr con la mayor celeridad el resarcimiento de los daños” generados, más la crítica posición del fiscal Pollicita, todo se encaminaría hacia el rechazo a la operación para que el Grupo Indalo se venda a OP Investiment.