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La provincia de Tucumán, autodeclarada "provida" vuelve a ser noticia ya que más de la mitad de los legisladores (29 de 49) firmaron un proyecto que promueve la protección de los derechos de la mujer embarazada y "del niño por nacer". En ese proyecto se incorpora una medida inédita que genera repudio en el Movimiento de Mujeres: evitar los abortos inclusive en casos de violación.

El artículo 86 del Código Penal Argentino, confirmado en 2012, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJT) en la causa “FAL”,  permite el aborto por causales. Si la mujer embarazada corre riesgo de vida, complicaciones en su salud o su embarazo fue producto de una violación, el Estado debe garantizarle un aborto seguro.

Fernanda Fernández, estudiante de abogacía, tucumana e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sobre esta provincia, sobre el proyecto y el aborto legal por causales., dijo: 

"El proyecto de lo que habla en su articulado es que le da protección integral al niño por nacer y no reconoce el derecho de la mujer por gestar ni a poder decidir sobre su proyecto de vida. Habla sobre la discriminación del niño por nacer, pero el principio de discriminación no actúa de esa forma, no hay un niño, no hay un concepto real. En ese sentido me parece que hay un problema de estatus jurídico, el embrión no tiene estatus de persona, más bien son derechos que se van adquiriendo cuando se va a desarrollando la vida fuera del útero", indica Fernández. 

Dentro del Código Penal, el aborto de un embarazo fruto de una violación es legal desde el año 1921. "Es terrible porque el proyecto dice que violencia es ofrecerle información pero incita a que los médicos, por ejemplo, sean perseguidos y marcados por el Estado por garantizar un derecho que es constitucional", agrega Fernanda.

Entre otros puntos, el proyecto busca garantizar una campaña de concientización de valor de la vida, una red de voluntarios que brinden apoyo a las mujeres embarazadas que estén con ellas durante el embarazo y meses posteriores y asistencia telefónica por Internet. 

Estos movimientos, sostienen desde La Campaña, son jugadas políticas inconstitucionales. "Tiene que ver con la avanzada de la derecha en nuestro país, con la negativa que nos brindo el Congreso en agosto, pero también con la tradición conservadora que tiene el norte, pudimos generar espacios pero aun quedan cabos sueltos. Hay una intencionalidad politica que intenta poner un tipo de moral sexual", sostiene y finaliza: "No importa si el proyecto se vota postivamente porque no tienen ningún valor jurídico. No puede Tucumán violar una ley nacional".