11 de Agosto de 2017 - 01:11

Indra, empresa española que realizará el escrutinio, criticada por la oposición

La Cámara Nacional Electoral tomó nota de los cuestionamientos realizados desde el kirchnerismo y el massismo pero en las últimas horas desestimó cualquier cambio y, a través de su subdirector general, Gustavo Mason, relativizó los cuestionamientos por tratarse de planteos en plena campaña electoral. Hoy, la sede de la compañía española, de polémica actuación en su país, recibió un paquete bomba, que encendió las alarmas de los funcionarios de seguridad.  

Por Antonio D'Eramo

Alejandro Tullio estuvo al frente de la crucial Dirección Nacional Electoral (2001-2015) durante toda la gestión del kirchnerismo. Cuestionado por muchos dirigentes de Cambiemos se retiró a la actividad privada pero continuó trabajando en su ámbito de acción. Los comicios. Y, para esta última elección, el Correo Argentino tuvo la responsabilidad de contratar a la compañía encargada de realizar el escrutinio provisorio. El Correo Argentino, dirigido por Jorge Irigoin, directivo de mucha experiencia en logística y que reportó a la firma de la familia Macri, Socma, decidió contratar a Alejandro Tullio como director de Asuntos Públicos, cargo al que accedió en el mes de febrero.

Luego, desde el Correo Argentino, que accedió a llevar adelante la licitación para el escrutinio desplazando al Ministerio del Interior o a la Dirección Nacional Electoral, se contrató a dos empresas privadas para que efectúen el recuento de los votos y diseñen el software para el control de la información electoral. El recuento lo realizará la empresa española INDRA y el software lo pondrá la empresa Magic Solutions Argentina (MSA), la misma que diseñó el sistema vot.ar, que es el que se utilizó para implementar la Boleta Única Electrónica (BUE) que se utilizó por primera vez en las elecciones de 2015.

La cuestión llevó a que el Frente para la Victoria cuestionara el control que debe llevar adelante el Correo Argentino, reeditando la misma sospecha que tenían desde Cambiemos en 2015, cuando se denunciaba que esa empresa estatal influía en el escrutinio provisorio porque tenía el control del traslado y la carga de los telegramas. Desde el bloque de diputados kirchneristas que comanda Héctor Recalde se emitió un documento que señaló que la licitación por la que se contrató a INDRA “no fue realizada por el Estado, a través del natural proceso de licitación pública, sino por Correo Argentino. MSA, en cambio debe confeccionar un software de control de información electoral estratégica, que debería manejar el Estado".

La respuesta llegó desde la Cámara Nacional Electoral. El subdirector general de la CNE, Gustavo Mason, atribuyó la advertencia del kirchnerismo y de otros referentes justicialistas en la oposición, "al típico clima electoral". En declaraciones otorgadas a Radio Cooperativa sostuvo: "existen una serie de cuestiones que se han tratado para evitar cualquier tipo de problemas. Y que van desde cubrir la totalidad de los aspectos, desde la entrega de las urnas como el repliegue de las urnas, hasta tener delegados de la Justicia Nacional Electoral en cada local de comicio".

Aunque admitió que no todos los requerimientos judiciales estarán presentes el domingo 13 de agosto para las PASO. "Hay medidas de control que se han dispuesto para este comicio, aunque quizás no todas las que la Cámara Nacional Electoral ha solicitado. Por ejemplo, tenemos control sobre las rutas troncales en las que se van a movilizar los camiones con las urnas, sin embargo no tenemos todavía llegada a las rutas intermedias o menos transitadas. Ahí el control es, en ese sentido, un poco menor. Por supuesto que siempre va a haber presente gente del Comando General Electoral y del Correo Argentino. Una cosa es tener ese control y otra agregar un control en tiempo real de dónde está cada camión en cada momento".

Desde el Correo Argentino también abundaron acerca de la cuestión. "El software de MSA ya se utilizó en 2015", y descartó que se utilice para una fiscalización paralela. "La plataforma y su operación tienen por objeto el monitoreo del desarrollo de los comicios y no recaba datos sobre los electores o resultados. Lejos de ser un elemento que pueda vulnerar algún derecho, es una herramienta de transparencia", indicó la empresa en un comunicado. En el documento se precisó también que la fiscalización de todos los tramos del comicio: "Puede ser presenciado y fiscalizado por las agrupaciones políticas de la misma manera y extensión que lo hicieron en las elecciones nacionales de 2015".

Indra está bajo sospecha en su país de origen, España y en Brasil, y en el pasado fue criticada por la diputada nacional y actual candidata de Cambiemos Elisa Carrió. En España, quedó envuelta en un escándalo de corrupción dentro del Partido Popular. La sede principal de la compañía fue allanada en el mes de abril en una investigación por financiación ilegal de la política. En Brasil, se investiga la actuación de directivos de la empresa tecnológica ante los indicios de que  habrían pagado coimas a políticos, de ese país, para conseguir contratos con el Estado. Al estilo Odebrecht.

Y, en Argentina, el ex presidente Eduardo Duhalde, la denunció en el año 2011, por fraude informático y Elisa Carrió, con sus declaraciones, la involucro en un posible fraude que podría realizarse durante las últimas elecciones presidenciales de 2015.  Una empresa cuestionada por políticos vernáculos y foráneos, puesta bajo la lupa en distintas jurisdicciones electorales, y hoy, en su propria recepción, en la sede de Buenos Aires, sufrió un ataque con un paquete bomba a horas de realizarse las PASO 2017.

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