Elevan a juicio oral a Ricardo Jaime por la compra fraudulenta de trenes
El juez federal Julián Ercolini cerró la instrucción y elevó a juicio oral la causa contra el ex secretario de Transporte y otros ex funcionarios por la compra de material ferroviarios obsoleto, a "precios claramente perjudiciales" para el Estado nacional a España y Portugal, entre 2004 y 2009. El fraude en perjuicio del Estado alcanza los 102 millones de euros.
Además de Ricardo Jaime, están procesados y serán juzgados en juicio oral y público Manuel Vázquez, Ricardo Testuri e Ignacio Soba Rojo, por los delitos de "cohecho y administración fraudulenta agravada, en perjuicio de la Administración pública".
El juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Corrección Nº 10, imputó a Jaime y los demás ex funcionarios de la Secretaría de Transporte por "haber intervenido mancomunadamente con distintas personas, en forma coordinada y funcional, durante el período comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2009, en su carácter de titular de la Secretaría de Transporte, realizando una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado nacional, cuya administración le fuera confiada, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial".
El magistrado consideró que el ex secretario de Transporte se valió del "estado de emergencia" declarado por el Poder Ejecutivo para comprar material ferroviario "cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales para el patrimonio nacional y el parque ferroviario".
"En la calidad invocada, celebró los acuerdos contratos y adendas, entre el estado nacional y las empresas españolas y la portuguesa antes citada, logrando de ese modo -previo amparo en la situación generada por el estado de emergencia ferroviaria, decretada por el Poder Ejecutivo Nacional-, la adquisición por parte del Estado nacional de material rodante, cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario", apuntó Ercolini en su resolución de elevación a juicio oral.
El magistrado no hizo lugar al pedido de sobreseimiento requerido por Jaime, por lo que confirmó su procesamiento y elevó a juicio oral la causa, considerando que el "precio exorbitante" pagado a las empresas españolas EE, RENFE y FEVE y a la portuguesa Caminhos de Ferro Portugeses, de casi 102 millones de euros, por el material rodante adquirido, "de una calidad evidentemente inferior al valor pagado, conduce a la sospecha de que grandes sumas de dinero pertenecientes a la Administración pública fueron sustraídas" por Jaime.
"Violando las obligaciones del buen administrador, dado que tenía a su cargo la función y obligación de evaluar, merituar y aprobar los montos de la adquisición, encaminó su conducta a realizar la compra del material, en muchos casos incompatible con la red de vías y cuya calidad y funcionalidad real no se condecían con los objetivos del plan referido, basado en el estado de emergencia anteriormente señalado. En virtud de su decisión, el Estado Nacional pagó a las empresas españolas (EE, RENFE y FEVE) un precio exorbitante, de 76.313.108.85 euros -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha-; y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses, Portugal, un total de euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74-, resultando, como se dijo, el material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado, circunstancia de la que conduce a la sospecha de que grandes sumas de dinero pertenecientes a la administración pública fueron sustraídas de su esfera por el declarante o por interpósitas personas", acusó el magistrado.
