19 de Mayo de 2017 - 19:02

ANSeS: Avanza causa por malversación de fondos que complica a Mindlin y otros

El juez Claudio Bonadío ordenó allanamientos en el Ministerio de Finanzas y la ANSeS en el marco de una causa iniciada por diputados de la oposición, en la que están imputados varios funcionarios del gobierno. Es por haber vendido acciones del FGS a empresarios cercanos a Mauricio Macri, en un momento y a un valor poco conveniente para la inversión. Uno de los denunciantes anticipó que ampliarán, con pruebas, la denuncia, que podría llevar hasta el "Lava Jato".

El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanamientos en el Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, y empresas privadas, en el marco de la causa que investiga operaciones irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.

Además de Caputo, están imputados el titular del organismo previsional, Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios del FGS por "administración fraudulenta de fondos públicos".

Los procedimientos fueron realizados por la Policía Federal en el Ministerio de Finanzas, en el edificio donde funciona el FGS de ANSES, en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA. La última fue hasta hace poco propiedad del empresario y primo de Mauricio Macri Ángelo Calcaterra.

La causa se inició a partir de dos denuncias presentadas por diputados nacionales de la oposición, una es Victoria Donda, de Libres del Sur, y el otro es Rodolfo Tahilade, del Frente para la Victoria, por la venta de acciones en poder del FGS durante 2016, en un momento y a un valor poco conveniente para la inversión, lo que habría causado un perjuicio económico a la ANSeS.

Desde el despacho de la legisladora anticiparon a Minuto de Cierre que la semana que viene harán una ampliación de la denuncia, con la presentación de pruebas.

"El gobierno kirchnerista hacía lo mismo, con mecanismos similares. En este caso, además, implicó el enriquecimiento de empresas vinculadas a amigos de Macri, como Mindlin, cuya empresa creció exponencialmente por esto. Esto tiene que ver con Odebrecht y Petrobrás", apuntaron desde el despacho de Donda.

Donda denunció la venta, en noviembre del año pasado, de las acciones de Petrobras Argentina (PESA) a Pampa Energía, que pertenece al empresario Marcelo Mindlin La operación se concretó luego de que Pampa Energía le comprara a Petrobras Internacional el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina (PESA), en mayo de 2016. El grupo de Mindlin debió lanzar una Oferta Pública Obligatoria de Adquisición (OPA) para ofrecerle a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones. El FGS de la Anses tenía el 11,85% de participación en PESA y accedió a vender su parte, a un valor de $10,37 por acción, por lo que recibió, en total, $ 2.482.140.001. Sin embargo, tras la fusión por absorción con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina subieron a $18 en pocos meses. En la jornada de hoy, y a pesar de la crisis en Brasil, la acción de la petrolera subió a $19,65 y en el último año logró un alza de más de 77%.

Para sumar vinculaciones entre Mindlin, el gobierno y Odebrecht, en marzo último, uno de los socios y principales accionistas de Pampa Energía, Edenor y Petrobras Argentina le compró a Calcaterra la constructora IECSA, una de las adjudicatarias de la obra para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, junto con Odebrecht y otras. 

Según la denuncia de Donda, la operación se hizo "sin respetar los principios de rentabilidad, seguridad y transparencia" que impone la ley para el FGS, por lo que se sacrificaron activos e "importantes ganancias a muy corto plazo por la suba previsible del valor de las acciones". 

La denuncia del diputado Tahilade, fue presentada en octubre de 2016, por la suscripción del FGS a un bono de deuda en dólares emitido por Córdoba, a una tasa fija de 7,12%. Los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. De esta manera, el legislador del FPV acusa a los funcionarios responsables de generar una pérdida de u$s 75 millones al Estado.

 

 

 

 

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