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Carlos Di Doménico, reconocido diseñador y amigo íntimo de Susana Giménez, deshoja la margarita por estos días: blanquear o disimular (vía Panamá) sus propiedades en Uruguay. Estas no serían solo las visibles como explotación económica, sino también un coqueto departamento en Punta del Este y una chacra.

Para ello, la ex pareja de César Jurisic cuenta con una inestimable ayuda: su “esposo” actual Juan Manuel Campillo. La historia sería solo la dos hombres que se quieren; pero el dato curioso es que Campillo fue el ministro de Hacienda de Santa Cruz que manejo el envío de los famosos “fondos” de esa provincia –unos u$s 600 millones provenientes de la privatización de YPF- hacia el exterior.

A tal punto fue clave Campillo en el manejo de asuntos delicados del kirchnerismo, que en 2009 fue designado como titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), el organismo que repartía subsidios para evitar mayores subas en el precio de los alimentos. Luego, Cristina Kirchner decidió disolver el organismo.

Di Doménico y Campillo blanquearon su relación en el verano de 2012, cuando se permitieron fotografías juntos en Punta del Este. Cuando los cronistas allí presentes le preguntaron a Campillo cómo se llamaba, jugó al misterio: “Soy Juan Manuel, sin apellido, como Sandro”.

Para ese entonces, el hombre “sin apellido” estaba semiretirado de la política, pero no del mundo de las finanzas, ni de su amistad con Cristina Fernández de Kirchner, a quien todavía le da consejos de moda

Campillo sigue siendo un experto en finanzas, y manejaría una cueva financiera muy discreta en Puerto Madero. Tal discreción le habría permitido escapar –por ahora- de los controles de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).

En tal sentido, Di Doménico está ante dos caminos: blanquear todas sus propiedades en el exterior y pagar el 5% correspondiente; o tomar un atajo. La primera opción es la correcta, pero hay tiempo hasta el 31 de marzo, aunque tal decisión se postergaría un mes por decisión de la AFIP.

El atajo es una opción que algunas cuevas financieras barajan desde que el blanqueo es ley. Y que consiste en transferir las propiedades no declaradas a una compañía off-shore de Panamá. Una modalidad que hasta ahora parece herramienta casi exclusiva de los macristas, pero que cualquier millonario puede aprovechar.

Con una salvedad. Siempre que la AFIP y la UIF no pongan el énfasis suficiente en cruzar los datos con Panamá. Un país que por ahora sigue siendo un paraíso fiscal y societario, pero que en algún momento puede dejar de serlo.