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Por Antonio D'Eramo

Un documento clasificado de la Armada se filtró y fue difundido en un show televisivo. El Presidente Macri no lo conocía. La jueza federal, Marta Yañez, que interviene en la desaparición del submarino ARA San Juan, tampoco.

Un documento, en principio, falso, que circuló por todas las redacciones y por las redes sociales terminó siendo desmentido por el vocero del ministro de Defensa, Oscar Aguad y, el estado de confidencialidad que deben guardar los marinos y que convierte documentos en secretos de Estado con una pena grave si son difundidos, generan un grado de desinformación que alimentan todo tipo de especulaciones acerca del destino final del submarino perdido y de sus 44 tripulantes. 

Existe una “batalla silenciosa” entre la cúpula de la Armada Argentina y el Gobierno nacional. Una crisis que se ofrece detrás del escenario principal que está ocupado por los valientes rescatistas y marineros argentinos y de otras latitudes que buscan el paradero del submarino ARA San Juan a catorce días de su inexplicable desaparición.

Esta situación ya alcanza ribetes de gravedad institucional. La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, tiene la causa por la desaparición del submarino pero ha solicitado que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri,  en su calidad de Jefe de las Fuerzas Armadas, interceda para levantar los secretos que los militares están ordenados a guardar. La magistrada redactó un e-mail con copia al ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, que permanece en silencio público, donde solicita que a raíz que “el personal de la Armada está amparado en la confidencialidad. No puedo citarlos a declarar ni exigirles que me brinden documentación sensible hasta tanto el presidente releve el secreto de Estado”. En el correo electrónico pide, además, detalles de los últimos días de operatividad, las cartas de navegación y chequear todas las comunicaciones de la nave submarina con los oficiales de la marina en tierra.

Precisamente, son las comunicaciones las que están bajo la lupa en Casa Rosada y en el despacho judicial de Caleta Olivia. Por distintos motivos. Mientras que la magistrada Yañez entiende que es perentorio el levantamiento del secreto de Estado para avanzar en la causa y citar a declarar a los uniformados que haga falta, el Presidente Macri y su equipo más cercano, están convencidos que la cúpula de la Armada les oculta información.

No se entiende de otra manera la difusión, en un programa de televisión del canal América, donde trascendió un reporte redactado por el capitán de navío Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, comandante de Adiestramiento y Alistamiento. El primero se encontraba en la ciudad de Mar del Plata, el segundo en Puerto Belgrano, y fue fechado el 15 de noviembre a las 8;52. Allí, López Mazzeo, tomó conocimiento que al ARA San Juan había ingresado “agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de baterías N°3 que ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal mantendré informado”.

Redactado a la usanza de un telegrama, 98 minutos después, las estaciones hidroacústicas de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), que tiene sede en la capital austriaca, detectaría una explosión calificada por el vocero de la Armada, Enrique Balbi, como “un evento anómalo singular corto, violento, y no nuclear consistente con una explosión”.

Este documento no fue enseñado al Presidente Macri ni al ministro del área, Oscar Aguad. El Almirante Marcelo Srur recibió al mandatario en el edificio Libertad y le comentó el incidente con las baterías pero aseguró que, en una comunicación posterior, se informó el problema como resuelto.

Si el primer mandatario no tomó conocimiento de la comunicación entre Villamide y López  Mazzeo, mucho menos lo hizo la jueza federal Yañez, y la información jamás llegó a los familiares de la tripulación que viven horas de pesadilla por la falta de definiciones.

Esta falla de información a la hora de comunicar. o este ocultamiento selectivo de ciertas situaciones claves para comprender que sucedió a bordo del submarino perdido, fue explicado por el capitán Balbi como una medida necesaria para no violar secretos de Estado. Balbi afirmó: “nosotros no podemos mostrar un documento como se filtró ayer en los medios. Si nosotros mostráramos un despacho de estas características, con una clasificación de seguridad importante, estaríamos vulnerando una ley que hace a la confidencialidad”, y acto seguido anunció una investigación para averiguar quien filtró el documento presentado en tv por el periodista Eduardo Feinmann.

EL DOCUMENTO APÓCRIFO

Como si fuera poco, durante la jornada decimotercera de búsqueda, circuló un documento calificado de apócrifo por el vocero del ministro Aguad, que sirve de ilustración a esta nota. En este caso no se trata de una filtración sino, en principio, de un documento falso. Muchos analistas y periodistas prestaron atención al documento porque presentaba las mismas señas que el documento televisado un día antes. En su encabezamiento puede leerse las siglas de enviado por COFS (Comandante de Fuerza Submarinos) y recibido por  COAA (Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada).  Son las siglas que identifican las oficinas del almirante Villamide (COFS) y López Mazzeo (COAA). Donde dice Caso SUSJ, significa, Submarino San Juan. Lo que indica que si se trata de “una maldad” que esconde intereses espurios se está ante uno de los peores escenarios posibles.

Por ello, volvemos al reclamo de la jueza federal Marta Yañez, pide que se levanten todos los secretos. ¿Que dice la ley acerca del tema? El secreto de confidencialidad está tipificado en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, sancionada el 27 de noviembre de 2001, que en su artículo 15 detalla: “El acceso a la información será autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación (…) La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos referidos (a la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación) se mantendrá aun cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la Justicia”.

Desde luego que la magistrada santacruceña lo primero que hará, si el Presidente Macri sigue su consejo, será citar a los comandantes de las bases de Mar del Plata y de Puerto Belgrano para que ofrezcan más explicaciones de lo último que escucharon de parte del submarino ARA San Juan y que órdenes le transmitieron al capitán de la nave perdida. Si se tratara de un crimen, de un homicidio, se estaría citando a los últimos que lo vieron con vida.