17 de Noviembre de 2017 - 07:48

El Senado nacional debatirá el martes y miércoles próximo la reforma laboral

La Ley de Reforma Laboral que acordaron la CGT y el Poder Ejecutivo Nacional comenzará a ser debatida la semana que viene durante dos reuniones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, a la que asistirán funcionarios nacionales y representantes gremiales

En el Senado esperan que el proyecto de ley ingrese este viernes o el martes de la próxima semana por lo que ya se reservó el Salón Azul del Palacio Legislativo para el martes 21 y el miércoles 22 de noviembre. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y representantes de la CGT unificada estarán presentes el martes.

Sin embargo, se aclaró que, como los principales dirigentes de la central obrera estarán en esas fechas en el Vaticano, se sentarán ante los senadores “quienes estuvieron en la escritura de la letra chica del proyecto, quienes refrendarán la voluntad política de la CGT”. También serán invitadas otras centrales sindicales, como las dos CTA, que ya anunciaron su firme oposición a la que calificaron como “flexibilización laboral” y “destrucción del piso de derechos”.

Si el proyecto logra obtener dictamen el 22 de noviembre, entonces estará listo para ser debatido en el recinto de sesiones de la Cámara alta el miércoles 29. De ser aprobado, pasará a Diputados, que deberá debatirlo después de que finalice el Período de Sesiones Ordinarias.

La iniciativa que ayer terminaron de delinear la principal central de trabajadores y el Gobierno nacional incluye un capítulo sobre blanqueo laboral, pasantías y el incremento de la licencia por paternidad de dos a quince días, con posibilidad de que el empleado en relación de dependencia pueda acceder a una licencia de treinta días sin goce de sueldo.

Además, se crea una Agencia de Evaluación de Tecnología de Salud, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que hoy existe contra las obras sociales. El acuerdo para avanzar con la reforma laboral incluyó varios ítems sobre los que el Poder Ejecutivo debió dar marcha atrás, como el que igualaba los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado y la exclusión de las horas extras y las comisiones del cálculo de las indemnizaciones.

Entre otros aspectos, también se quitó del acuerdo la idea de crear un “banco de horas” para computar las jornadas de manera anual.

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