20 de Enero de 2017 - 20:43

El Gobierno busca mas consenso para los cambios en el sistema de ART

A través de un decreto de necesidad y urgencia el Gobierno publicará el lunes 23 en el Boletín Oficial el decreto de reforma de la ley de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), pese a que el Senado le había dado media sanción a esa iniciativa oficial en diciembre último y restaba el aval de Diputados. Los cambios son profundos y los detallamos.

Por Antonio D'Eramo

La polémica reglamentaria por la necesidad del Poder Ejecutivo de cambiar el sistema de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente, Mauricio Macri, puede llegar a atemperarse con el correr de los días hasta que la comisión bicameral de DNU del Congreso analice el texto de la norma, que busca modificar el tratamiento que reciben los trabajadores que se accidentan o enferman y, de manera paralela, disminuir la litigiosidad laboral para reducir los procesos judiciales. 

La polémica política, al revés de la formal y protocolar, no ha hecho mas que comenzar. La bancada del FPV-PJ en diputados ya critica la medida que, aún, no ha sido publicada en el Boletín Oficial. A ese coro de declaraciones previas a leer la magnitud de los cambios se suman diputados de Cambiemos, como el dirigente bonaerense Ricardo Alfonsín, acompañado de otros correligionarios de ese espacio radical crítico, que se queja en voz alta pero que no rompe.

Lo importante es la magnitud de los cambios que se evalúan y que se reflejarán en el decreto en cuestión. Minuto de Cierre alcanzó a vislumbrar algunos de los cambios que quedarán impresos en el Boletin Oficial y que tienen como justificación gubernamental los siguientes cuatro objetivos:

a) permitir una atención mejor a los trabajadores.

b) reducir la litigiosidad del sistema de ART

c) disminuir la alícuota en el mediano plazo que pagan los salarios por el seguro ante la disminución de los juicios

d) incluir en el sistema a un millón de empleados públicos nacional, provincial y municipal.

Por ello todo indica que en el decreto se establecerá que ante un accidente o una enfermedad laboral, será obligatorio recurrir a una Comisión Médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial. Este paso evitará discrecionalidades y agilizará los tiempos para que los trabajadores cobren sus indemnizaciones. Los trabajadores podrán solicitar la revisión de su caso ante la Comisión Médica Central o recurrir a la justicia laboral si no están conformes.

Para evitar situaciones de inequidad, los peritos médicos que intervengan en los casos deberán integrar el cuerpo médico forense local, y sus honorarios no podrán ser variables ni estar vinculados al monto del juicio. Además, se establece la aplicación plena en las comisiones médicas de los listados de incapacidades y de enfermedades profesionales, con el fin de garantizar el trato igualitario en las indemnizaciones.

El DNU incluirá una novedad. La creación del Autoseguro Público Provincial (APP) para que todos los empleados públicos provinciales y municipales sean incorporados a la cobertura de ART.  En el gobierno sacan cuentas y aseguran que ingresarán alrededor de 1 millón de empleados de 9 provincias, municipios y comunas que hoy están fuera del sistema.

Y finalmente se especificará que si un empleador no hubiera pagado la ART de un trabajador, se ampliará la cobertura por parte de la ART de dos a tres meses. También que los gastos de atención en que incurra la obra social del trabajador accidentado o enfermo por su profesión, estarán a cargo de la ART.

Las críticas a la metodología llegan desde la oposición y el oficialismo. En el último caso el diputado radical Ricardo Alfonsín advirtió que la reforma "debe pasar por el Congreso. Si es efectivamente así, que saldrá por decreto, estaríamos frente a un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes. No se dan las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso", expresó Alfonsín en un comunicado.

Y, el legislador del FPV-PJ, Héctor Recalde, que además es abogado laboralista, precisamente del fuero cuestionado, sostuvo: "como en el caso Arribas-Odebrecht, Macri tiene problemas para entender las cosas. Ante esa dificultad, le explicamos que la Constitución Nacional le prohibe atribuirse facultades inherentes al Congreso".

Los dirigentes sindicales consultados para esta nota declinaron realizar comentarios.

 

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