19 de Agosto de 2016 - 23:08

El Gobierno desplazó y denunció ante la Justicia al titular de Aduana

El Director de la AFIP, Alberto Abad, desplazó al titular de la Aduana, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, denunciado por supuestas irregularidades por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación, y nombró en su reemplazo al número dos de ese organismo, Javier Zabaljauregui.

En un comunicado de prensa, la AFIP indicó que “atento a los términos de la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, el Administrador Federal dispuso en el día de la fecha la separación preventiva del Licenciado Juan José Gómez Centurión al cargo de Director General de Aduanas, hasta tanto la Justicia instruya los actos correspondientes”. Zabaljauregui, que hasta hoy era Subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, ocupará el cargo en forma interina.

Gómez Centurión es un ex mayor del Ejército veterano de la Guerra de las Malvinas que fue condecorado con la Cruz al Heróico Valor en Combate, la más alta distinción militar argentina. También participó de los levantamientos castrenses de Semana Santa durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Durante la gestión del actual presidente Mauricio Macri al frente del gobierno porteño se desempeñó como jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), y desde diciembre pasado el primer mandatario lo ubicó al mando de la Aduana.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que dio curso a la denuncia penal contra el desplazado jefe de la Aduana por presuntos hechos de corrupción y subfacturación tras una serie de audios que recibió en su cartera. “Lo consulté con el Presidente Mauricio Macri y él me dio instrucciones de dejarlo en manos de la Justicia”, afirmó la funcionaria.

En tanto, el abogado Maximiliano Rusconi, que defendió hasta hace medio año al técnico informático Diego Lagomarsino en la causa por la muerte de Alberto Nisman, impulsó una denuncia contra Gómez Centurión por falso testimonio, violación de correspondencia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento. El caso recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.

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